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PIRATAS SOMALÍES.

Una vez arruinada  la vida marina en los propios océanos, lo más apropiado es que los países ricos de la Tierra  se dirijan  a otros caladeros, que no son suyos, para seguir esquilmando y explotando al límite los ecosistemas, como ya lo hicieran desde los  mares del Norte al Golfo de Vizcaya, en el Cantábrico y el Mediterráneo, donde se ha destruido el hábitat de la mayoría de las especies.

Hace décadas que las poderosas flotas pesqueras pusieron las miradas en el cuerno de África, concretamente en Somalia, un país con una posición geoestratégica envidiable en la ruta del transporte marítimo, con más de veinte mil barcos de carga que al año atraviesan el Golfo de Adén.

Esta situación caótica, de desgobierno es aprovechada por multitud de  barcos de pesca procedentes de diferentes países, entre ellos de la Unión Europea, que  faenan sin licencia alguna y, con el fin de maximizar los beneficios, con artes de pesca que están prohibidas en otras regiones del planeta. Más de ochocientos barcos faenan en la zona y se estima que los beneficios de esta pesca ilegal ascienden a 450 millones de dólares.

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La flota atunera, compuesta principalmente por España, con el sesenta por ciento de las capturas y Francia, con el cuarenta, cogen unas quinientas mil toneladas de atún al año,  contribuyendo, de esta forma, a empobrecer a una de las regiones más miserables del mundo, haciendo que  desaparezcan las proteínas para la población de la zona  y acabando con la forma de vida y el sustento de los pescadores locales.  Desde 1990, los somalíes vienen protestando por esta situación ante la ONU y otros organismos internacionales. Pero sus quejas nunca han sido atendidas.

Tampoco los informes de los propios supervisores de las Naciones Unidas ha impedido el continuo saqueo. Egoístas y ambiciosos, los poderosos van destruyendo la capacidad de regeneración de las especies marinas. No importa que la cadena alimenticia se rompa y las especies se extingan. Para mayores males, desde 1991,  otros barcos, todavía más siniestros, se dedican a arrojar impunemente  barriles con contenidos tóxicos al mar cerca de las  costas de Somalia. Con el terrible tsunami que, en 2004, asoló el sudeste asiático, surgieron cientos de ellos. El contenido terminó aflorando a las playas y los nativos empezaron a sufrir hemorragias intestinales, infecciones de la piel, problemas en las  vías respiratorias y, de forma repentina, murieron más de  trescientas personas. Posteriormente nacieron niños con deformaciones y con diversas enfermedades.

El representante especial de la ONU, Ahmedou Ould Abdallah, asegura que en la actualidad se siguen vertiendo desechos tóxicos y radiactivos de uranio, metales pesados como cadmio y mercurio, basura industrial y químicas y, añade, que los responsables son sociedades europeas y asiáticas. Tampoco ahora hay detención alguna, juicio o condena por este criminal  proceder. En este contexto de desgobierno y extrema pobreza; debilitados por el hambre, la pertinaz sequía, la miseria y de absoluta indefensión algunos pescadores reaccionan de forma desesperada. Se unen en pequeños grupos armados y, en lanchas rápidas, tratan de disuadir a los barcos que esquilman sus riquezas y arrojan residuos a sus aguas. La población local los apoya totalmente y los llaman “Guardacostas voluntarios de Somalia”.

Están convencidos que los bandidos no son ellos sino los que pescan ilegalmente en sus aguas territoriales, arrojan basura y los matan de hambre”. Pero no son tomados en serio. Las flotas extranjeras siguen faenando impunemente y continúan los vertidos. La Organización de  Naciones Unidas permanece callada. En un país en manos de clanes y facciones rivales, no debe extrañarnos  que los pescadores, a los que pronto sé unan excombatientes,  terminen convirtiéndose en grupos fuertemente armados.  Descubrieron un lucrativo negocio en la captura de barcos y  exigen  rescates. Sus pequeños botes  ya no sirven para la pesca, pero sí son útiles para la piratería. Las grandes potencias ven ahora amenazado su lucrativo negocio y acuden a organismos internacionales. Ahora sí que la ONU, después de haber ignorado sistemáticamente las reclamaciones somalíes, escucha a los países afectados por las acciones llevadas a cabo por los miserables pescadores a los que ahora denominan piratas.

España y Francia, con importantes flotas pesqueras en la zona, encabezaron la petición  de una reacción militar conjunta. Así surgió la Operación Atlanta, cuyo coste estimado para el gobierno español asciende a seis millones de euros mensuales y la seguridad privada de los atuneros vascos y gallegos, que es de medio millón de euros mensuales, de los que la mitad se hace cargo el gobierno español. Este es el cinismo de una sociedad que sólo piensa en su propio bienestar mientras condena sin remedio a un frágil país que agoniza y  muere de hambre. Revista San Borondón

 

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