A Coruña / 12.03.2015 La ‘operación Sparrow’, que cuenta con cooperación internacional, analiza documentación física y electrónica de varias firmas de la provincia de A Coruña.
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Uno de los pesqueros perseguidos por Nueva Zelanda por pesca ilegal.
El Ministerio de Agricultura inspecciona varias empresas coruñesas por su supuesta vinculación con buques incluidos en la lista de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida (Ccrvma).
La operación, bautizada como Sparrow, se desarrolla en la provincia de A Coruña tras meses de investigación reforzada con la cooperación internacional, según afirma el Gobierno en un comunicado.
El operativo cuenta con el despliegue de unidades de inspección pesquera de varias provincias y podría suponer la apertura de diferentes procedimientos sancionadores en materia de pesca marítima. Los servicios de inspección examinan numerosa documentación física y electrónica, que continuará analizando en los próximos días, según indicó ayer la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.
«Este Gobierno lleva mucho tiempo trabajando por combatir la pesca ilegal. Trabajamos por cuidar los recursos pesqueros para que estén a disposición de los pescadores que legalmente y con todas las formalidades desarrollan su actividad», añadió. «Se trata de un operativo sin precedentes en la Unión Europea que, amparado en la reciente reforma de la Ley de Pesca Marítima, sitúa a España, más si cabe, al frente de la lucha contra la pesca ilegal a nivel internacional», afirma el comunicado del Ejecutivo.
Los servicios de inspección pesquera desarrollan este tipo de investigaciones en colaboración con países aliados en la lucha contra la pesca ilegal, como Nueva Zelanda., así como con el apoyo de organismos internacionales como la Comisión Europea, la Ccrvma o la Interpol, con el objetivo de recopilar evidencias que acrediten los presuntos vínculos con la actividad no reglamentada. Precisamente, la Armada neozelandesa interceptó el pasado mes de enero dos barcos supuestamente vinculados con armadores gallegos -concretamente con la empresa Armadores Vidal, con sede en Ribeira- por pescar de manera ilegal en una zona protegida de la Antártida.
«Hemos trabajado mucho para que España abandere la pesca a nivel internacional, pero la pesca legal y controlada. Esta operación tiene que servir para mostrar que verdaderamente el apoyo del Gobierno y del conjunto del sector pesquero nacional se dirige a una gestión responsable, sostenible y legal», sentenció Tejerina. La Opinión A Coruña