ARRASTRERO | Constancio

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Los armadores del arrastrero “Velliño”, de 24 metros de eslora y bandera portuguesa, deberán eliminar los pañoles ilegales para volver a faenar

El buque “Velliño”, atracado ayer en el puerto de Avilés

El barco pesquero Velliño, con bandera de Portugal y base en el puerto luso de Leixões pero propiedad de una sociedad armadora domiciliada en Muros, se halla amarrado desde ayer por la tarde en el puerto pesquero de Avilés, donde seguirá retenido hasta nueva orden por el hallazgo en su casco de dos compartimentos ocultos que no constan en los planos de la embarcación.

La existencia de dobles fondos y cámaras secretas en los cascos de los barcos constituyen una infracción al reglamento marítimo porque su uso suele estar relacionado con actividades delictivas, en especial la ocultación de pescado cuando los buques en cuestión se dedican a esa actividad. Uno de los propietarios del Velliño, según la versión de un testigo que escuchó sus explicaciones tras atracar en el puerto, negó la mayor y aseguró que la ausencia de los compartimentos en los planos es achacable a un error técnico.

El Velliño, de 24 metros de eslora y registrado a nombre de una empresa coruñesa propiedad de los hermanos Manuel y Emilio Lago Maceiras, llevaba varios días faenando en la costa asturiana a la espera de la llegada de los primeros grandes bancos de xarda. Su puerto habitual de venta es la rula de Avilés, donde ayer dejó el pescado que traía a bordo para su conservación en cámara frigorífica a la espera de saber el destino de esas capturas. El patrullero de la Armada Alborán fue el que interceptó en alta mar al Velliño, en concreto a 16 millas al norte de Gijón. El buque portugués fue objeto de una inspección rutinaria que concluyó con el hallazgo de dos compartimentos de los que no había constancia en los planos generales de construcción del buque.

Faro de Vigo

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• Los océanos y las poblaciones pesqueras, los que más sufren.

Buque arrastrero izando las redes llenas de pescado en aguas de Sierra Leona. (EJF)

La pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDR) no solo representa una amenaza para el medioambiente, al sobreexplotar los recursos pesqueros y dañar el entorno marino, sino que también supone un grave problema social y económico para las comunidades pesqueras, sobre todo en países en vías de desarrollo.

Igualmente, significa una agresión a los derechos laborales, además de un perjuicio para la economía global, ya que se pierden entre 10.000 y 23.500 millones de dólares al año”, describe Irene Vidal, responsable de campañas oceánicas de la Fundación EJF.

La Unión Europea es el principal importador mundial de productos de pesca y representa el 24% del comercio mundial total por valor, según datos del Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura (Eumofa). Ante esta posición, su actuación es primordial para luchar contra la pesca ilegal y, por ello, en 2010 puso en marcha una nueva reglamentación.

“España es el país que más ha desarrollado la legislación para la lucha contra la pesca ilegal. Cambiar nuestra imagen y aumentar la credibilidad a nivel mundial era una de nuestras prioridades en esta legislatura y lo hemos conseguido”, presume Andrés Hermida, secretario general de Pesca.

María José Cornax, directora de campañas de pesca de Oceana, lo confirma: “Antes de 2012, en España se vivía una situación de far west, operadores que, siendo perseguidos por la Interpol, recibían subvenciones de nueve millones de euros… Teníamos una imagen a nivel mundial lamentable, pero en estos años se ha realizado un esfuerzo titánico y ahora somos el ejemplo a seguir”.

Sin embargo, ante el cumplimiento desigual del reglamento por parte de los diferentes Estados, surgen desigualdades. “Nosotros no nos quejamos de que las normas sean severas, sino de que existen países que no las aplican con la misma severidad, lo que se traduce en una pérdida de competitividad para nuestras empresas”, afirma Javier Garat. Y en esta línea, el secretario de Cepesca continúa: “Japón y EE UU también deben esforzarse para coordinarse con la Unión Europea y conseguir que la normativa sea equitativa; si no, resulta un caos”.

Tres son los componentes principales del Reglamento europeo 1.005/2008 contra la lucha de la pesca ilegal. El primero responde al régimen de certificación de capturas, por el que solo los productos de pesca marítima que hayan sido validados por las autoridades de los Estados miembros pueden ser importados a la Unión Europea o exportados.

El segundo permite a la Unión Europea exigir a terceros países cumplir con una serie de normas relacionadas con la lucha contra la pesca ilegal y, si estos no la cumplen, prohibir la entrada de los productos de pesca. La evaluación se efectúa a través de un sistema de tarjetas (amarilla, como símbolo de advertencia; roja, de sanción, y verde, cuando se elimina de la lista).

Modernización
Los certificados de captura se realizan en papel. Un sistema informatizado facilitaría la lucha coordinada de los Estados de la UE contra la importación del pescado capturado ilegalmente. Actualmente se está trabajando en ello.
“Sobre el papel, el sistema de tarjetas nos parece un gran avance, aunque lo cierto es que, llevado a la práctica, nos da la impresión de que la UE se atreve con los pequeños países pero no con los grandes. Sabemos que es una tarea muy complicada, pero deben esforzarse más para no dejarse influenciar”, denuncia Garat.

“Aunque pueda parecer una actitud paternalista, los países que han recibido una tarjeta amarilla o roja, y que al final han conseguido convertir en verde, agradecen al programa la ayuda que han obtenido”, afirma la responsable de EJF.
El tercer componente permite a los Estados de la Unión Europea sancionar económicamente a los nacionales que realicen o apoyen actividades de pesca ilegal en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier pabellón. Un ejemplo de su puesta en marcha es la operación Sparrow, actualmente en curso.

Tras obtener claras pruebas de que empresas españolas estaban conectadas a la pesca ilegal, se les impusieron sanciones económicas a operadores españoles por valor de 18 millones de euros, el mayor importe exigido hasta la fecha por un Gobierno de la Unión Europea. Cinco Días