Un proyecto encargado por el Ministerio de Medio Ambiente prevé crear 33 fondeaderos con 1.228 boyas y «clausurar» 22 calas
Siempre lo han negado, pero lo cierto es que los políticos de todo pelaje que han pasado por el gobierno de las Islas Baleares en los tres últimos lustros (desde el PP hasta Més, pasando por UM y el PSOE) han barruntado la posibilidad de privatizar el mar.
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El pretexto para desarrollar este ambicioso y lucrativo proyecto, que significaría el fin del libre fondeo y tendría «consecuencias nefastas para el desarrollo del turismo náutico» –en palabras de José María Jiménez, presidente de la asociación balear empresas de chárter–, es el medio ambiente, más en concreto la protección de la posidonia oceánica, convertida en la «coartada perfecta» para transformar las calas y refugios naturales de todo el archipiélago en campos de boyas de pago, o lo que es lo mismo, en puertos encubiertos gestionados a través de empresas concesionarias.
Gaceta Náutica ha tenido acceso a un documento, mantenido hasta ahora en secreto, que prueba las claras intenciones de los poderes públicos para que el ancla pase a ser en un futuro no muy lejano un simple objeto decorativo o museístico.
Se trata de un estudio realizado en 2010 por la empresa KV Consultores para el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, bajo la reveladora denominación de «Proyecto de ordenación y regularización de fondeos de embarcaciones en distintas zonas de las Islas Baleares», en el cual se contempla la instalación de 33 polígonos de fondeo con 1.228 boyas de pago en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
FONDEOS PERMANENTES Y DE TEMPORADA
La propuesta, de la que están al tanto todas las administraciones insulares (Govern, Consell e incluso algunos ayuntamientos) y que no se ha llevado a cabo de momento por su elevado coste –aunque permanece «latente»–, no incluye las áreas que ya están reguladas (tales como el Parque Nacional de Cabrera, Cala Blava o Formentor) y afecta tanto a fondeos permanentes como de temporada.
En el estudio, realizado por el ingeniero de caminos Jorge Flores, se propone asimismo la prohibición expresa de fondear en algunas zonas tan populares como Sa Foradada, Aucanada, Cala En Gossalba (Mallorca) o Ses Salines (Ibiza).
Gabriel Morell, presidente de la Asociación de Navegantes Mediterráneo y portavoz del sector náutico balear en la negociación sobre el decreto de posidonia de la Conselleria de Medio Ambiente, admite, tras analizar la documentación facilitada por Gaceta Náutica, que el proyecto de ordenación del Ministerio de Medio Ambiente «es extremadamente preocupante», pues denota el deseo de las administraciones de completar el proceso de privatización de los usos del mar iniciado bajo la presidencia de Jaume Matas con el campo de boyas de Formentor y al que han ido realizando sus particulares aportaciones los gobiernos del Pacte a través del PSIB, Els Verds, Més e incluso UM, cuyos dirigentes hablaban abiertamente en 2009 de «boyas de pago» para que los propietarios de embarcaciones cubrieran los gastos de «instalación y mantenimiento».
MALLORCA
De ponerse en práctica la totalidad de esta polémica regulación, Mallorca contaría con 11 nuevos polígonos regulados (485 boyas) en Puerto Portals, Magaluf, Illetas, Cala Mondragó, Pollença, Es Barcarés, Camp de Mar, Andratx, Portals Vells, Santa Ponça y Sóller.
PITIUSAS
En Pitiusas, donde la demonización del fondeo libre ha sido objeto de una campaña constante desde el lamentable suceso del superyate Turama en el verano de 2011 (cuando su ancla arrancó de cuajo una gran extensión de posidonia), las boyas instaladas serían 481, divididas en las siguientes 13 zonas: Puerto de San Miguel, Portinatx, Tagomago, Cala Sant Vicenç, Cala Pada, Cala Molí, Isla Conejera, Cala Bassa, Sant Antoni de Portmany, Trocador, Rocabella, Cala Saona y Estany des Peix.
MENORCA
Por último, en Menorca se crearían 9 nuevos campos de fondeo controlado y de pago con 262 boyas en Algairens, Cala Pregonda, Cala Caldés, Es Grau, Arenal den Castell, Addaia, Isla del Aire, Cala Mitjana y Cala Macarella.
Una de las entidades que ha mostrado interés de una manera más clara en el proyecto es la empresa pública Ports de les Illes Baleares, responsable de la gestión de los puertos autonómicos. Su intención es «poner orden» en las áreas de fondeo permanente que se hallan situadas junto a puertos deportivos como el de Pollença, Andratx, la Colònia de Sant Jordi o Puerto Portals. Este es el aspecto menos polémico de la regulación, pues sólo pretende de dar cobertura legal a unos fondeos que ya existen. De hecho, estos campos de boyas ya están funcionando con relativa normalidad en algunos puntos de Baleares mediante el sistema de gestión indirecta.
OBJETIVO: ACABAR CON EL ANCLA
El problema, explica Gabriel Morell, está en las calas y refugios que vienen siendo utilizados históricamente por los navegantes isleños para pasar unas horas y donde, según se desprende del plan del Ministerio de Medio Ambiente y de las sucesivas declaraciones de la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, y del conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, el objetivo es prohibir el uso del ancla para proteger las praderas de posidonia.
«No nos cansaremos de repetir que los navegantes no estamos contra esa protección. Somos los primeros interesados en la conservación del mar. Lo que nos preocupa, y mucho, es la regulación y el sistema de gestión que se establezca para ello», afirma el presidente de ADN Mediterráneo, partidario de que todas las Islas sean declaradas «zona de fondeo libre condicionado», donde, salvo en caso de emergencia, el patrón de la embarcación evite lanzar el ancla sobre hábitats que estén protegidos, ya sean de posidonia u otras especies.
Todos los actores del sector náutico –empresarios, usuarios y puertos deportivos (marinas y clubes náuticos)– coinciden en que los políticos de Baleares, con independencia del partido al que pertenezcan, pretenden legislar sobre algo que apenas conocen. Lo demuestra el hecho de que muy pocos tengan barco o naveguen habitualmente. Desde ese punto de vista, sostiene el sector, es muy difícil llegar a una regulación que haga sostenible compaginar los usos de ocio y turísticos de la costa con la conservación medioambiental. «Y así es como ahora nos encontramos con este proyecto del Ministerio de Medio Ambiente, que es una especie de aspiración de quienes deciden sobre algo que no conocen», apunta el presidente de la asociación de chárter.
PIEDRAS EN EL PROPIO TEJADO
El debate del pasado 15 de marzo en el Parlament balear para decidir las medidas de protección de la posidonia demuestra que la Cámara ha asumido el «dogma» de que las anclas son la principal –casi la única– amenaza para la posidonia, lo que, según Morell, supone ignorar evidencias como la de la subida de la temperatura del agua a consecuencia del cambio climático, las especies invasoras, la regeneración de playas, las obras y dragados portuarios o los vertidos de aguas residuales mal depuradas al mar. Sobre este último aspecto, que fue objeto de un amplio reportaje en este periódico el pasado mes de febrero, el presidente de los navegantes ironiza: «Sería como tirar piedras sobre su propio tejado».
En efecto, la competencia del saneamiento de las aguas y de los emisarios submarinos es exclusiva del Govern balear. «Los políticos y funcionarios –declara el abogado maritimista Pipe Sarmiento– no parecen conscientes de las tremendas responsabilidades que adquieren cada vez que realizan un acto administrativo. Incluso, como en este caso, al tratarse de una insoportable omisión, dejación de funciones o pasividad a la hora de controlar de forma eficaz la depuración de las aguas residuales».
Ello explicaría la tesis del sector de que el Govern pretenden tapar sus propias vergüenzas culpando del deterioro medioambiental a los navegantes. Gaceta Náutica